El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático solicitó hoy al Senado de la República que rechace el préstamo que el Poder Ejecutivo le sometió para su conocimiento y aprobación, de US$656.1 millones para la construcción de las dos plantas de carbón mineral en Punta Catalina, Provincia Peravia, por ser leonino y por favorecer un proyecto sobrevaluado que carece de los requisitos legales mínimos para su realización.

Consideró que este crédito posee todas las características de un “préstamo buitre”, ya que deberá ser pagado por el país en un plazo de tres años y medio, sin prórrogas, en 24 pagos fijos y a un interés que no ha sido publicado.

“Este préstamo y las condiciones extremas en las que se ofrece demuestra que el gobierno y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) fracasaron en la obtención de financiamiento para la construcción de las plantas de Punta Catalina, por lo que “se están agarrando de un clavo caliente”, agregó.

El CNLCC también señala que el Senado debe rechazar este préstamo al estar dirigido a financiar un proyecto sobrevaluado en alrededor de mil millones de dólares y que no cuenta con los documentos legales que avalen la propiedad de los terrenos donde se construye y las cartas de no objeción de los ayuntamientos con fecha anterior al inicio del proyecto.

Señaló que por la falta de transparencia y por las violaciones a la ley que han incurrido el gobierno y la CDEEE en la construcción de estas plantas, solicitó el pasado 12 de febrero, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la revocación de la licencia ambiental que le fuera otorgada a un año de haberse iniciado las obras en violación a la Ley 64-00 y al reglamento que norma la emisión de los permisos y licencias ambientales.

También indicó que la entidad solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas de la República, en la persona de su presidenta, la doctora Licellot Marte de Barrios, la realización de una auditoría al proceso de licitación del contrato de esta construcción y a la inversión de fondos públicos que se ha realizado en los terrenos de Punta Catalina donde se levantan estas plantas de carbón.

Igualmente le remitió una carta a la presidenta del Brasil y al procurador general de esa nación, para que investigara a ODEBRECHT por la sobrevaluación de la construcción de estas plantas y por el conflicto de intereses entre esta empresa y la empresa contratada por la CDEEE para dirigir la licitación que finalmente le concedió el contrato del proyecto.

El comité afirmó que el hecho de que estas plantas de carbón sean un proyecto del gobierno, no lo exime del cumplimiento de las leyes y del respeto a la institucionalidad, sino todo lo contrario, debió haberse procedido con transparencia y con absoluto apego a las leyes y a las normas ambientales.

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